AGE · C1 · III.3

Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. Procedimiento administrativo común y su alcance: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa.

Practica este epígrafe del programa de 2025 con preguntas oficiales y preguntas explicadas a partir de la norma.

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Según el artículo 56.5 de la Ley 39/2015, las medidas provisionales adoptadas en un procedimiento se extinguirán, en todo caso:
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Al formularse la propuesta de resolución por el órgano instructor. Transcurridos tres meses desde su adopción, salvo que el órgano competente acuerde motivadamente su prórroga. Cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. Al concluir el trámite de audiencia a los interesados.
Contra el acuerdo por el que el órgano administrativo dispone la acumulación de un procedimiento a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión:
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Cabrá recurso de alzada ante el superior jerárquico. Cabrá recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. No procederá recurso alguno. Solo cabrá recurso si la acumulación se acordó a instancia de parte.
Según el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, los procedimientos de naturaleza sancionadora:
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Podrán iniciarse a solicitud del propio interesado cuando la infracción se califique como leve en la norma reguladora. Se iniciarán siempre de oficio y separarán la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos. Se iniciarán de oficio, pero la instrucción y la resolución pueden encomendarse al mismo órgano. Podrán iniciarse a solicitud del denunciante, que adquiere así la condición de interesado.
Cuando el infractor persiste de forma continuada en la comisión de hechos tipificados como infracción, el artículo 63.3 de la Ley 39/2015 dispone que no se podrán iniciar nuevos procedimientos sancionadores por esos hechos:
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Hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción de la infracción inicialmente imputada. En tanto no se haya notificado al inculpado el acuerdo de iniciación del primer procedimiento. En tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. Mientras no se haya dictado la propuesta de resolución en el primer procedimiento.
Si el interesado no efectúa alegaciones en plazo sobre el contenido del acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador, ese acuerdo:
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Producirá la caducidad del procedimiento por inactividad del interesado. Obligará al instructor a formular un pliego de cargos antes de dictar la propuesta de resolución. Podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. Se convertirá automáticamente en resolución sancionadora firme, sin necesidad de ningún trámite posterior ni de nueva notificación al interesado.
Cuando, al dictar el acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador, no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos, esa calificación:
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Se aplazará a la resolución final que ponga fin al procedimiento, sin que deba comunicarse antes a los interesados. Deberá efectuarse en todo caso en el propio acuerdo, que de lo contrario será nulo de pleno derecho. Podrá realizarse en una fase posterior mediante un pliego de cargos, que deberá notificarse a los interesados. Exigirá abrir un período de información previa y archivar el acuerdo de iniciación ya dictado.
En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes:
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Harán prueba salvo que el interesado acredite lo contrario en el período de prueba. Tendrán valor de simple indicio, que el instructor apreciará con los criterios de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Solo vincularán a la Administración si el inculpado los reconoce expresamente en sus alegaciones. Vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.
Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario y el presunto responsable reconozca su responsabilidad o pague voluntariamente, el órgano competente aplicará reducciones sobre el importe de la sanción propuesta:
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Del 20 % como máximo, no acumulables entre sí y sin condición alguna sobre la interposición posterior de recursos administrativos. De, al menos, el 20 %, acumulables entre sí y condicionadas al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa. De, al menos, el 50 %, acumulables entre sí y condicionadas a la renuncia a interponer recurso contencioso-administrativo contra la sanción. De, al menos, el 20 %, no acumulables entre sí, y compatibles con la interposición de recurso de alzada contra la sanción impuesta.
Cuando las conductas sancionadas hayan causado daños a la Administración y la cuantía de la indemnización no haya quedado determinada en el expediente sancionador, el artículo 90.4 de la Ley 39/2015 dispone que esa cuantía:
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Se fijará mediante un procedimiento complementario que no admite terminación convencional y cuya resolución es recurrible en alzada. Se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva y pondrá fin a la vía administrativa. Solo podrá reclamarse ante el orden jurisdiccional civil, una vez que la sanción sea firme en vía administrativa. Se fijará en la propia resolución sancionadora, tras retrotraer el procedimiento a la fase de instrucción para valorar el daño.
Los acuerdos de terminación convencional que versen sobre materias de la competencia directa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas:
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Requerirán en todo caso la aprobación expresa de dicho órgano. Requerirán el dictamen previo y vinculante del Consejo de Estado. No pueden celebrarse, porque esas materias no son susceptibles de transacción. Se entenderán aprobados si el órgano no se opone en el plazo de un mes.
¿En cuál de los siguientes casos NO prevé el artículo 89.1 de la Ley 39/2015 que el órgano instructor resuelva la finalización del procedimiento sancionador con archivo de las actuaciones, sin formular propuesta de resolución?
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Cuando los hechos no resulten acreditados. Cuando se concluya, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción. Cuando no se haya podido identificar a la persona o personas responsables. Cuando el presunto responsable reconozca voluntariamente su responsabilidad.
Si el órgano competente para resolver un procedimiento sancionador considera que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución:
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Lo notificará al inculpado para que aporte las alegaciones que estime convenientes en el plazo de quince días. Lo notificará al inculpado para que formule alegaciones en el plazo de diez días. Podrá imponer directamente la sanción más grave, siempre que motive de forma suficiente su separación de la propuesta. Deberá devolver el expediente al instructor para que formule una nueva propuesta en el plazo de diez días.