AGE · C1 · III.3

Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. Procedimiento administrativo común y su alcance: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa.

Practica este epígrafe del programa de 2025 con preguntas oficiales y preguntas explicadas a partir de la norma.

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La declaración de oficio de la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa, en los supuestos del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, requiere:
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El previo informe, no vinculante, del servicio jurídico del órgano que dictó el acto. El previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. Que el procedimiento de revisión se inicie dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación del acto que se revisa. La previa declaración de lesividad del acto para el interés público por el órgano competente.
Las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos:
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En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados. Dentro del plazo de cuatro años desde que se dictó el acto. Solo a instancia de los interesados y dentro del plazo de un mes. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
Según el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, contra las disposiciones administrativas de carácter general:
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No cabrá recurso en vía administrativa. Cabe recurso de alzada ante el Consejo de Ministros. Cabe recurso extraordinario de revisión. Cabe recurso potestativo de reposición ante su autor.
Según el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, el recurso de alzada podrá interponerse:
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Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Exclusivamente ante el órgano que dictó el acto, que lo resolverá en el plazo de un mes. Ante cualquier registro, pero dirigido siempre al órgano que dictó el acto impugnado. Exclusivamente ante el órgano superior jerárquico competente para resolverlo.
El plazo para la interposición del recurso de alzada contra un acto expreso es de:
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Dos meses. Un mes. Quince días. Tres meses.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición es de:
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Tres meses. Quince días. Dos meses. Un mes.
El recurso extraordinario de revisión fundado en un error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente se interpondrá dentro del plazo de:
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Tres meses desde que la sentencia judicial quedó firme. Un año desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos.
Un interesado presenta un escrito en el registro electrónico un domingo para cumplir un plazo fijado en días hábiles. Salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil, la presentación se entenderá realizada:
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A las cero horas del día natural siguiente, sea o no hábil. En la primera hora del primer día hábil siguiente. En la última hora del último día hábil anterior a la presentación. En la fecha y hora efectivas de la presentación, porque el registro electrónico funciona todos los días del año.
Un interesado no cumplimenta en plazo un trámite y la Administración puede declararlo decaído en su derecho a ese trámite. Conforme al artículo 73.3 de la Ley 39/2015, su actuación tardía se admitirá y producirá efectos legales si se produce:
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Antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo, siempre que justifique la causa del retraso. En cualquier momento anterior a la resolución que ponga fin al procedimiento. Únicamente si la Administración no ha dictado todavía la propuesta de resolución.
Solicitada la suspensión de la ejecución del acto al interponer un recurso administrativo, si el órgano competente para resolver el recurso no dicta y notifica resolución expresa sobre la suspensión en el plazo de un mes desde la entrada de la solicitud en su registro electrónico:
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El recurso se entenderá estimado y el acto impugnado quedará sin efecto. El recurrente deberá reiterar la solicitud ante el superior jerárquico del órgano competente. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida. La solicitud de suspensión se entenderá desestimada y el acto seguirá ejecutándose.
Al resolver un recurso administrativo, el órgano competente aprecia una cuestión de fondo que el recurrente no había alegado. Según el artículo 119.3 de la Ley 39/2015:
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Podrá decidirla, oyendo previamente a los interesados, sin que pueda agravarse la situación inicial del recurrente. Deberá ordenar la retroacción del procedimiento al momento en que se produjo la omisión. No podrá entrar en ella, porque la resolución debe limitarse a las cuestiones alegadas por los interesados. Podrá decidirla sin audiencia y, si procede, agravar la situación del recurrente.
Las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento, en casos de urgencia inaplazable, deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, que habrá de efectuarse:
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En cualquier momento, mientras no haya recaído resolución definitiva. Dentro de los diez días siguientes a su adopción. Dentro del mes siguiente a su adopción. Dentro de los quince días siguientes a su adopción.