AGE · C1 · III.3

Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. Procedimiento administrativo común y su alcance: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa.

Practica este epígrafe del programa de 2025 con preguntas oficiales y preguntas explicadas a partir de la norma.

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Según el artículo 90.3 de la Ley 39/2015, la resolución que pone fin a un procedimiento sancionador será ejecutiva:
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Solo cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo. Cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. Desde el día siguiente a su notificación, aunque quepa recurso de alzada. Desde que se notifique, salvo que el interesado solicite la suspensión cautelar en el plazo de diez días.
En un procedimiento administrativo tramitado de manera simplificada, el trámite de audiencia:
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Se suprime siempre, porque las alegaciones solo pueden formularse al inicio del procedimiento. Se practicará en todo caso, aunque con un plazo reducido a cinco días. Solo se practicará cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado. Solo se practicará si lo solicita expresamente alguno de los interesados en su escrito de alegaciones.
Si el órgano competente aprecia que no concurren las razones para la tramitación simplificada solicitada por un interesado, según el artículo 96.3 de la Ley 39/2015:
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Podrá desestimarla en el plazo de diez días mediante resolución susceptible de recurso de alzada. Podrá desestimarla en cinco días desde su presentación, sin recurso; pasado ese plazo, se entiende desestimada. Deberá pedir informe al servicio jurídico antes de desestimarla, en el plazo de quince días. Deberá resolver en cinco días desde su presentación y, si no lo hace, la solicitud se entenderá estimada por silencio.
En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la tramitación simplificada podrá adoptarse cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como:
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Grave o muy grave, cuando concurran razones de interés público que lo aconsejen. Leve, aunque el interesado podrá oponerse expresamente y obligar a seguir la tramitación ordinaria. Leve, sin que quepa la oposición expresa del interesado. Leve o grave, siempre que el interesado no manifieste su oposición expresa.
Según el artículo 98.1 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo, entre otros supuestos, que:
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Se trate de un acto de gravamen dictado en un procedimiento iniciado de oficio. El interesado haya manifestado su disconformidad durante el trámite de audiencia. Se haya dictado por un órgano colegiado sin la presencia de todos sus miembros. Se necesite aprobación o autorización superior.
Según el artículo 99 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas podrán proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos:
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Previa autorización judicial en todo caso, cualquiera que sea el medio de ejecución. Previo apercibimiento, una vez que el acto sea firme por haber transcurrido el plazo del recurso contencioso-administrativo. Sin necesidad de apercibimiento previo, por ser los actos inmediatamente ejecutivos. Previo apercibimiento, salvo suspensión de la ejecución o cuando se exija la intervención de un órgano judicial.
¿Cuál de los siguientes NO es uno de los medios de ejecución forzosa que enumera el artículo 100.1 de la Ley 39/2015?
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La compulsión directa sobre las personas. La suspensión temporal de actividades. La ejecución subsidiaria. La multa coercitiva.
Si fueran varios los medios de ejecución forzosa admisibles para ejecutar un acto administrativo, la Administración elegirá:
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El que resulte menos costoso para la Hacienda pública. El menos restrictivo de la libertad individual. El que proponga el obligado en el trámite de apercibimiento. El más rápido y eficaz para asegurar el cumplimiento del acto.
Si para ejecutar forzosamente un acto fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Públicas deberán obtener:
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En todo caso la autorización judicial, aunque el afectado consienta la entrada. El consentimiento del afectado o, en su defecto, la autorización del Delegado del Gobierno. La autorización del superior jerárquico del órgano que ordenó la ejecución. El consentimiento del afectado o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
Según el artículo 101.2 de la Ley 39/2015, en materia de apremio sobre el patrimonio, no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria:
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Que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal. Que no haya sido previamente aprobada por el órgano competente en materia de Hacienda. Que no estuviese prevista en una orden ministerial o en la convocatoria del procedimiento. Que supere el importe de la sanción principal impuesta en el procedimiento.
Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que:
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Impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar. Por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. Sean personalísimos y no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. Obliguen a satisfacer una cantidad líquida.
Según el artículo 103.2 de la Ley 39/2015, la multa coercitiva impuesta para la ejecución de determinados actos:
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Es incompatible con las sanciones y se descuenta de su importe cuando ambas concurren. Tiene naturaleza sancionadora y excluye imponer otra sanción por los mismos hechos. Solo puede imponerse una vez, sin reiteración, y sustituye a la sanción que proceda. Es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.