AGE · C2 · I.11

Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. El procedimiento administrativo común y sus fases. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa.

Practica este epígrafe del programa de 2025 con preguntas oficiales y preguntas explicadas a partir de la norma.

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Cuando el infractor persiste de forma continuada en la comisión de hechos tipificados como infracción, el artículo 63.3 de la Ley 39/2015 dispone que no se podrán iniciar nuevos procedimientos sancionadores por esos hechos:
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Hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción de la infracción inicialmente imputada. En tanto no se haya notificado al inculpado el acuerdo de iniciación del primer procedimiento. En tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. Mientras no se haya dictado la propuesta de resolución en el primer procedimiento.
Si el interesado no efectúa alegaciones en plazo sobre el contenido del acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador, ese acuerdo:
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Producirá la caducidad del procedimiento por inactividad del interesado. Obligará al instructor a formular un pliego de cargos antes de dictar la propuesta de resolución. Podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. Se convertirá automáticamente en resolución sancionadora firme, sin necesidad de ningún trámite posterior ni de nueva notificación al interesado.
Cuando, al dictar el acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador, no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos, esa calificación:
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Se aplazará a la resolución final que ponga fin al procedimiento, sin que deba comunicarse antes a los interesados. Deberá efectuarse en todo caso en el propio acuerdo, que de lo contrario será nulo de pleno derecho. Podrá realizarse en una fase posterior mediante un pliego de cargos, que deberá notificarse a los interesados. Exigirá abrir un período de información previa y archivar el acuerdo de iniciación ya dictado.
En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes:
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Harán prueba salvo que el interesado acredite lo contrario en el período de prueba. Tendrán valor de simple indicio, que el instructor apreciará con los criterios de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Solo vincularán a la Administración si el inculpado los reconoce expresamente en sus alegaciones. Vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.
Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario y el presunto responsable reconozca su responsabilidad o pague voluntariamente, el órgano competente aplicará reducciones sobre el importe de la sanción propuesta:
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Del 20 % como máximo, no acumulables entre sí y sin condición alguna sobre la interposición posterior de recursos administrativos. De, al menos, el 20 %, acumulables entre sí y condicionadas al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa. De, al menos, el 50 %, acumulables entre sí y condicionadas a la renuncia a interponer recurso contencioso-administrativo contra la sanción. De, al menos, el 20 %, no acumulables entre sí, y compatibles con la interposición de recurso de alzada contra la sanción impuesta.
Cuando las conductas sancionadas hayan causado daños a la Administración y la cuantía de la indemnización no haya quedado determinada en el expediente sancionador, el artículo 90.4 de la Ley 39/2015 dispone que esa cuantía:
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Se fijará mediante un procedimiento complementario que no admite terminación convencional y cuya resolución es recurrible en alzada. Se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva y pondrá fin a la vía administrativa. Solo podrá reclamarse ante el orden jurisdiccional civil, una vez que la sanción sea firme en vía administrativa. Se fijará en la propia resolución sancionadora, tras retrotraer el procedimiento a la fase de instrucción para valorar el daño.
Los acuerdos de terminación convencional que versen sobre materias de la competencia directa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas:
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Requerirán en todo caso la aprobación expresa de dicho órgano. Requerirán el dictamen previo y vinculante del Consejo de Estado. No pueden celebrarse, porque esas materias no son susceptibles de transacción. Se entenderán aprobados si el órgano no se opone en el plazo de un mes.
¿En cuál de los siguientes casos NO prevé el artículo 89.1 de la Ley 39/2015 que el órgano instructor resuelva la finalización del procedimiento sancionador con archivo de las actuaciones, sin formular propuesta de resolución?
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Cuando los hechos no resulten acreditados. Cuando se concluya, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción. Cuando no se haya podido identificar a la persona o personas responsables. Cuando el presunto responsable reconozca voluntariamente su responsabilidad.
Si el órgano competente para resolver un procedimiento sancionador considera que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución:
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Lo notificará al inculpado para que aporte las alegaciones que estime convenientes en el plazo de quince días. Lo notificará al inculpado para que formule alegaciones en el plazo de diez días. Podrá imponer directamente la sanción más grave, siempre que motive de forma suficiente su separación de la propuesta. Deberá devolver el expediente al instructor para que formule una nueva propuesta en el plazo de diez días.
Según el artículo 90.3 de la Ley 39/2015, la resolución que pone fin a un procedimiento sancionador será ejecutiva:
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Solo cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo. Cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. Desde el día siguiente a su notificación, aunque quepa recurso de alzada. Desde que se notifique, salvo que el interesado solicite la suspensión cautelar en el plazo de diez días.
Además de lo previsto con carácter general para la resolución, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial la resolución deberá pronunciarse necesariamente sobre:
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La conformidad expresa del interesado con la cuantía y el modo de la indemnización propuestos por el órgano instructor. La existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. La procedencia de incoar un procedimiento disciplinario contra el personal que intervino en los hechos. La identidad de la autoridad o del funcionario que causó la lesión y su grado de culpa, dolo o negligencia grave.
En el ámbito de la Administración General del Estado, salvo los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por:
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El Subsecretario del departamento. El Ministro respectivo. El Consejo de Ministros. El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.