AGE · C2 · I.11

Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. El procedimiento administrativo común y sus fases. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa.

Practica este epígrafe del programa de 2025 con preguntas oficiales y preguntas explicadas a partir de la norma.

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¿Cuál de los siguientes supuestos determina la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015?
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Que adolezca de un defecto de forma sin causar indefensión al interesado. Que incurra en desviación de poder en el ejercicio de sus potestades. Que lo dicte un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Que se dicte fuera del tiempo establecido para ello.
Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, el defecto de forma de un acto administrativo determinará su anulabilidad:
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Nunca, porque los defectos de forma solo pueden dar lugar a la responsabilidad disciplinaria del personal que los cometa. En todo caso, puesto que son anulables todos los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Solo cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Solo cuando el defecto consista en prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de:
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Aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Únicamente los actos favorables a los interesados que hubieran adquirido firmeza. Los actos y trámites anteriores a la infracción, previo dictamen del Consejo de Estado. Los actos de trámite cualificados, aunque su contenido pudiera variar tras subsanarse la infracción.
Un interesado presenta un escrito en el registro electrónico un domingo para cumplir un plazo fijado en días hábiles. Salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil, la presentación se entenderá realizada:
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A las cero horas del día natural siguiente, sea o no hábil. En la primera hora del primer día hábil siguiente. En la última hora del último día hábil anterior a la presentación. En la fecha y hora efectivas de la presentación, porque el registro electrónico funciona todos los días del año.
Un interesado no cumplimenta en plazo un trámite y la Administración puede declararlo decaído en su derecho a ese trámite. Conforme al artículo 73.3 de la Ley 39/2015, su actuación tardía se admitirá y producirá efectos legales si se produce:
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Antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo, siempre que justifique la causa del retraso. En cualquier momento anterior a la resolución que ponga fin al procedimiento. Únicamente si la Administración no ha dictado todavía la propuesta de resolución.
Solicitada la suspensión de la ejecución del acto al interponer un recurso administrativo, si el órgano competente para resolver el recurso no dicta y notifica resolución expresa sobre la suspensión en el plazo de un mes desde la entrada de la solicitud en su registro electrónico:
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El recurso se entenderá estimado y el acto impugnado quedará sin efecto. El recurrente deberá reiterar la solicitud ante el superior jerárquico del órgano competente. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida. La solicitud de suspensión se entenderá desestimada y el acto seguirá ejecutándose.
Al resolver un recurso administrativo, el órgano competente aprecia una cuestión de fondo que el recurrente no había alegado. Según el artículo 119.3 de la Ley 39/2015:
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Podrá decidirla, oyendo previamente a los interesados, sin que pueda agravarse la situación inicial del recurrente. Deberá ordenar la retroacción del procedimiento al momento en que se produjo la omisión. No podrá entrar en ella, porque la resolución debe limitarse a las cuestiones alegadas por los interesados. Podrá decidirla sin audiencia y, si procede, agravar la situación del recurrente.
Un órgano de jerarquía superior al que aprobó una disposición reglamentaria dicta una resolución de carácter particular que vulnera lo establecido en ella. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, esa resolución:
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Es nula, aunque proceda de un órgano de jerarquía superior al que dictó la disposición general. Es anulable, salvo que el órgano superior la convalide de forma expresa. Es válida si se motiva con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Es válida, porque el órgano superior puede dispensar la aplicación de la disposición general en casos singulares.
Las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento, en casos de urgencia inaplazable, deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, que habrá de efectuarse:
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En cualquier momento, mientras no haya recaído resolución definitiva. Dentro de los diez días siguientes a su adopción. Dentro del mes siguiente a su adopción. Dentro de los quince días siguientes a su adopción.
Según el artículo 56.5 de la Ley 39/2015, las medidas provisionales adoptadas en un procedimiento se extinguirán, en todo caso:
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Al formularse la propuesta de resolución por el órgano instructor. Transcurridos tres meses desde su adopción, salvo que el órgano competente acuerde motivadamente su prórroga. Cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. Al concluir el trámite de audiencia a los interesados.
Contra el acuerdo por el que el órgano administrativo dispone la acumulación de un procedimiento a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión:
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Cabrá recurso de alzada ante el superior jerárquico. Cabrá recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. No procederá recurso alguno. Solo cabrá recurso si la acumulación se acordó a instancia de parte.
Según el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, los procedimientos de naturaleza sancionadora:
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Podrán iniciarse a solicitud del propio interesado cuando la infracción se califique como leve en la norma reguladora. Se iniciarán siempre de oficio y separarán la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos. Se iniciarán de oficio, pero la instrucción y la resolución pueden encomendarse al mismo órgano. Podrán iniciarse a solicitud del denunciante, que adquiere así la condición de interesado.