AGE · C2 · I.11

Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. El procedimiento administrativo común y sus fases. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa.

Practica este epígrafe del programa de 2025 con preguntas oficiales y preguntas explicadas a partir de la norma.

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La tramitación de urgencia reduce a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a:
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La emisión de los informes preceptivos. La presentación de solicitudes y recursos. La subsanación y mejora de la solicitud. El trámite de audiencia y la práctica de la prueba.
Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, la presentación de una denuncia ante un órgano administrativo:
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Solo es válida si identifica a los presuntos responsables de los hechos. Confiere al denunciante la condición de interesado desde su presentación. No confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Obliga en todo caso a iniciar el procedimiento correspondiente.
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, el artículo 68.1 de la Ley 39/2015 dispone que se requiera al interesado para que subsane la falta en un plazo de:
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Quince días, con indicación de que, si no lo hiciera, se archivará la solicitud sin más trámite. Diez días, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. Un mes, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. Diez días, con indicación de que, si no lo hiciera, se producirá la caducidad del procedimiento.
Las declaraciones responsables y las comunicaciones permiten el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad:
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Desde que la Administración verifique la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos. Desde que se notifique al interesado la toma de razón por el órgano competente. Una vez transcurrido un mes desde su presentación sin oposición expresa de la Administración. Desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección.
En el trámite de audiencia, los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo:
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No inferior a diez días ni superior a quince. De diez días hábiles, ampliable a quince a petición del interesado. No inferior a cinco días ni superior a diez. No inferior a quince días ni superior a un mes.
Formulado el desistimiento por el interesado, la Administración lo aceptará de plano y declarará concluso el procedimiento, salvo que:
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Terceros interesados personados insten su continuación en el plazo de un mes desde la presentación del escrito. El desistimiento se presente después de concluido el trámite de audiencia. El órgano instructor haya formulado ya la propuesta de resolución del procedimiento. Terceros interesados personados insten su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados.
En un procedimiento iniciado a solicitud del interesado y paralizado por causa imputable a este, la Administración le advertirá de que se producirá la caducidad si transcurren:
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Un mes. Tres meses. Diez días. Seis meses.
La declaración de oficio de la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa, en los supuestos del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, requiere:
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El previo informe, no vinculante, del servicio jurídico del órgano que dictó el acto. El previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. Que el procedimiento de revisión se inicie dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación del acto que se revisa. La previa declaración de lesividad del acto para el interés público por el órgano competente.
Las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos:
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En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados. Dentro del plazo de cuatro años desde que se dictó el acto. Solo a instancia de los interesados y dentro del plazo de un mes. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
Según el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, contra las disposiciones administrativas de carácter general:
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No cabrá recurso en vía administrativa. Cabe recurso de alzada ante el Consejo de Ministros. Cabe recurso extraordinario de revisión. Cabe recurso potestativo de reposición ante su autor.
Según el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, el recurso de alzada podrá interponerse:
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Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Exclusivamente ante el órgano que dictó el acto, que lo resolverá en el plazo de un mes. Ante cualquier registro, pero dirigido siempre al órgano que dictó el acto impugnado. Exclusivamente ante el órgano superior jerárquico competente para resolverlo.
El plazo para la interposición del recurso de alzada contra un acto expreso es de:
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Dos meses. Un mes. Quince días. Tres meses.