AGE · C1 · III.3

Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. Procedimiento administrativo común y su alcance: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa.

Practica este epígrafe del programa de 2025 con preguntas oficiales y preguntas explicadas a partir de la norma.

Todos los temas

Conforme al artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la graduación de la sanción administrativa considerará especialmente los siguientes criterios:
Origen: examen oficial 2023-y-2024
La inexistencia de intencionalidad y no reincidencia en la comisión de infracciones administrativas. La no reincidencia en la comisión de infracciones administrativas. El grado de culpabilidad o la inexistencia de intencionalidad. El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que las notificaciones:
Origen: examen oficial 2023-y-2024
Se practicarán, en todo caso, por medios electrónicos. Se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Se podrán practicar por medios electrónicos las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido tres días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
De acuerdo con la definición contenida en el artículo 38 de la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en ejercicio de sus competencias es:
Origen: examen oficial 2023-y-2024
Un portal de internet. Una carpeta ciudadana. Una sede electrónica. Un código seguro de verificación.
Según el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas, en relación con sus sistemas de identificación:
Origen: examen oficial 2025
Podrán hacer pública la relación de certificados electrónicos utilizados, incluyendo las características de los sellos electrónicos y los prestadores que los expiden. Podrán identificarse mediante el uso de un certificado electrónico reconocido o cualificado. Deberán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en una firma electrónica reconocida o cualificada que reúna los requisitos exigidos por la legislación de certificado electrónico. Podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
Conforme al artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables los actos de la Administración:
Origen: examen oficial 2025
Contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
Conforme al artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa:
Origen: examen oficial 2025
Las resoluciones que acuerden la aplicación de medidas provisionales. Los actos emanados de los órganos directivos con nivel de Subdirector General, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. Las resoluciones de órganos administrativos, salvo que una disposición legal o reglamentaria disponga lo contrario. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
Señale la respuesta correcta en relación con la práctica de las notificaciones electrónicas reguladas en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Origen: examen oficial 2025
Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido cinco días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Los interesados deberán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante notificación en la carpeta ciudadana.
Doña Clara Hevia recibe la notificación de subsanación de su solicitud de autorización el martes, 3 de junio de 2025. Teniendo en cuenta el plazo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y que no hay días festivos en el mes de junio, ¿cuál sería el último día del plazo para poder presentar la documentación?
Origen: examen oficial 2025
Lunes, 16 de junio. Martes, 17 de junio. Lunes, 23 de junio. Martes, 24 de junio.
Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, ¿tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas los menores de edad?
Origen: generada
Solo cuando una ley así lo declare expresamente, en los mismos términos que a los grupos de afectados, las uniones y las entidades sin personalidad jurídica. Sí, para los derechos e intereses que el ordenamiento les permita ejercer sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Sí, pero solo a partir de los dieciséis años y únicamente en los procedimientos iniciados a su solicitud. No, en ningún caso; deben actuar siempre por medio de quien ejerza la patria potestad, la tutela o la curatela.
Conforme al artículo 4 de la Ley 39/2015, quienes, sin haber promovido el procedimiento, tengan intereses legítimos que puedan resultar afectados por la resolución se consideran interesados:
Origen: generada
Desde el inicio, sin necesidad de personarse, por el solo hecho de resultar afectados. Siempre que se personen antes de que finalice el trámite de audiencia del procedimiento. Siempre que se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Solo si la Administración les notifica el acuerdo de iniciación del procedimiento.
Cuando las normas reguladoras de un procedimiento no fijen el plazo máximo para notificar la resolución expresa, ese plazo será de:
Origen: generada
Tres meses. Seis meses. Un año. Un mes.
Cuando se suspende el plazo máximo para resolver por haberse solicitado un informe preceptivo a un órgano de la misma o distinta Administración, esa suspensión:
Origen: generada
Durará hasta la recepción del informe, cualquiera que sea el tiempo transcurrido, sin que pueda continuar el procedimiento. No podrá exceder de un mes y, si no se recibe el informe, se entenderá que es favorable a la solicitud. No podrá exceder de seis meses y, si no se recibe el informe, se producirá la caducidad del procedimiento. No podrá exceder en ningún caso de tres meses y, si no se recibe el informe en ese plazo, proseguirá el procedimiento.