AGE · C1 · I.7

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Practica este epígrafe del programa de 2025 con preguntas oficiales y preguntas explicadas a partir de la norma.

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De conformidad con el artículo 29 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál de las siguientes infracciones disciplinarias tiene el carácter de grave?
Origen: examen oficial 2020
La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.
Según el artículo 36 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ¿quién NO forma parte de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno?:
Origen: examen oficial 2021-y-2022
Un Diputado. Un Senador. Un miembro del Consejo General del Poder Judicial. Un representante del Defensor del Pueblo.
Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Al respecto de lo anterior, indique la respuesta correcta:
Origen: examen oficial 2023-y-2024
La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de dos meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. La reclamación se interpondrá en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de dos meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. La reclamación se interpondrá en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
De acuerdo con lo dispuesto en el título III de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, relativo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, señale la respuesta correcta:
Origen: examen oficial 2023-y-2024
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por la Junta de Transparencia y Buen Gobierno y por el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período no renovable de cuatro años mediante Real Decreto. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Ministro de Hacienda. El Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
Origen: examen oficial 2025
La seguridad nacional. La seguridad e higiene en el trabajo. La protección del anonimato de los empleados públicos. La protección de datos de carácter profesional.