AGE · C1 · I.1

La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución.

Practica este epígrafe del programa de 2025 con preguntas oficiales y preguntas explicadas a partir de la norma.

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Según el artículo 17.2 de la Constitución, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial, en todo caso, en el plazo máximo de:
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Cuarenta y ocho horas. Veinticuatro horas. Setenta y dos horas. Cinco días.
¿En cuál de los siguientes supuestos NO permite el artículo 18.2 de la Constitución la entrada o registro en un domicilio?
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En caso de flagrante delito. Con consentimiento del titular. Con orden escrita del Ministerio Fiscal en una investigación penal. Con resolución judicial.
Según el artículo 20.5 de la Constitución, el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información:
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Está prohibido en todo caso, igual que la censura previa. Podrá acordarlo el Ministerio Fiscal cuando afecte a la protección de la juventud y la infancia. Solo podrá acordarse en virtud de resolución judicial. Podrá acordarlo la autoridad gubernativa en casos de urgencia, con posterior control judicial.
Conforme al artículo 21.2 de la Constitución, en las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones:
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Se requerirá autorización previa de la autoridad, que podrá denegarla por razones de oportunidad o de interés general. Se dará comunicación previa a la autoridad, que podrá prohibirlas cuando coincidan con otros actos en el mismo lugar y fecha. No se exige comunicación previa, pero la autoridad podrá disolverlas cuando se altere el normal tránsito de vehículos o personas. Se comunicarán previamente a la autoridad, que solo puede prohibirlas por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
Según el artículo 22 de la Constitución, las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades:
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Por resolución del Ministerio del Interior, recurrible ante los tribunales. Por acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe del Ministerio Fiscal. En virtud de resolución judicial motivada. Por resolución motivada del registro en que estén inscritas.
Según el artículo 25.2 de la Constitución, el condenado a pena de prisión que esté cumpliendo la misma tendrá derecho, en todo caso:
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A la redención de la pena por el trabajo realizado en prisión. A cumplir la condena en el establecimiento más próximo a su domicilio familiar. A un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social. A la suspensión de la pena cuando acredite su reinserción social.
El artículo 26 de la Constitución prohíbe los Tribunales de Honor:
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En todos los ámbitos, incluido el militar, sin excepción alguna. En el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la Administración civil. En el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Únicamente en el ámbito de los Colegios Profesionales y de las Universidades públicas.
Conforme al artículo 29 de la Constitución, los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer el derecho de petición:
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Solo individualmente y con arreglo a su legislación específica. Individual y colectivamente, en los mismos términos que el resto de los españoles. En ningún caso, porque la Constitución les excluye de ese derecho. Solo colectivamente, a través de sus asociaciones profesionales.
Según el artículo 53.2 de la Constitución, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional es también aplicable a:
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El derecho al trabajo y a la libre elección de profesión del artículo 35. La objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. El derecho a la propiedad privada y a la herencia del artículo 33. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado del artículo 45.
Conforme al artículo 55.1 de la Constitución, cuando se declara el estado de excepción queda exceptuado de la suspensión de derechos:
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El apartado 3 del artículo 17. El apartado 4 del artículo 17. El apartado 2 del artículo 17. Ninguno de los apartados del artículo 17.
Según el artículo 116.4 de la Constitución, el estado de sitio será declarado:
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Por las Cortes Generales en sesión conjunta, a propuesta del Presidente del Gobierno. Por el Rey, a propuesta del Gobierno y con la autorización de la mayoría absoluta del Senado. Por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. Por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso.
Mientras estén declarados los estados de alarma, de excepción o de sitio, el artículo 116.5 de la Constitución dispone que:
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El Gobierno podrá disolver el Congreso si este no autoriza la prórroga del estado declarado. No podrá disolverse el Congreso, y las Cámaras quedan convocadas automáticamente si no están en período de sesiones. Las Cámaras suspenden sus sesiones y sus funciones pasan a la Diputación Permanente hasta que concluya el estado declarado. El Congreso solo podrá ser disuelto con autorización de la mayoría absoluta del Senado.