AGE · Gestión A2

IV.12 · 12. Los derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos.

Preguntas y explicaciones del epígrafe seleccionado.

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De acuerdo con la Ley 39/2015, el recurso extraordinario de revisión que se fundamente en que al dictar el acto se hubiera incurrido en un error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, se interpondrá dentro del plazo de:Un año siguiente a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.Dos años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.Tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad de actos anulables:Podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.No exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.Será susceptible de recurso, debiendo notificarse a los interesados.Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
¿Cuál de los siguientes NO es un derecho del interesado en el procedimiento administrativo?Acceder y obtener los documentos contenidos en los procedimientos.No presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.Actuar asistido de asesor cuando lo considere conveniente para la defensa de sus intereses.
En función de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que lo dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:Que al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho o de derecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente únicamente con posterioridad a la incoación del expediente.Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.Que en la resolución hayan influido parcialmente documentos o testimonios declarados falsos por auto judicial, anterior a aquella resolución.Que la resolución administrativa haya sido emitida con omisión del procedimiento legalmente establecido.
Conforme al artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa:Las resoluciones que acuerden la aplicación de medidas provisionales.Los actos emanados de los órganos directivos con nivel de Subdirector General, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.Las resoluciones de órganos administrativos, salvo que una disposición legal o reglamentaria disponga lo contrario.Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el procedimiento administrativo los interesados:Sólo podrán actuar por medio de representante cuando una norma con rango de ley expresamente lo autorice.Podrán acreditar su representación a través de cualquier medio válido en derecho.Sólo podrán actuar por medio de representante para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.No podrán actuar por medio de representante, salvo que se trate de procedimientos iniciados de oficio.
En relación con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa su declaración de lesividad para el interés público, las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:Los actos favorables para los interesados que sean anulables.Los actos desfavorables para los interesados que sean nulos de pleno derecho.Los actos favorables y desfavorables para los interesados que sean anulables.Los actos favorables para los interesados, ya sean nulos de pleno derecho o anulables.
¿Qué establece el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas respecto a la capacidad de obrar de los grupos de afectados?No tendrán capacidad de obrar en el procedimiento administrativo.Tendrán capacidad de obrar cuando una disposición de carácter general así lo declare expresamente.Tendrán capacidad de obrar cuando un reglamento así lo declare expresamente.Tendrán capacidad de obrar cuando la ley así lo declare expresamente.
Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, ¿tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas los menores de edad?Solo cuando una ley así lo declare expresamente, en los mismos términos que a los grupos de afectados, las uniones y las entidades sin personalidad jurídica.Sí, para los derechos e intereses que el ordenamiento les permita ejercer sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela.Sí, pero solo a partir de los dieciséis años y únicamente en los procedimientos iniciados a su solicitud.No, en ningún caso; deben actuar siempre por medio de quien ejerza la patria potestad, la tutela o la curatela.
De acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes sujetos está obligado en todo caso a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas?Las entidades sin personalidad jurídica.Las personas físicas titulares de un certificado electrónico.Los extranjeros residentes en España.Las personas físicas mayores de edad.
La declaración de oficio de la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa, en los supuestos del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, requiere:El previo informe, no vinculante, del servicio jurídico del órgano que dictó el acto.El previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.Que el procedimiento de revisión se inicie dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación del acto que se revisa.La previa declaración de lesividad del acto para el interés público por el órgano competente.
Las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos:En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.Dentro del plazo de cuatro años desde que se dictó el acto.Solo a instancia de los interesados y dentro del plazo de un mes.Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.