AGE · Gestión A2

IV.11 · 11. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. Procedimiento administrativo común y su alcance: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. La obligación de resolver. El silencio administrativo.

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Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, el artículo 68.1 de la Ley 39/2015 dispone que se requiera al interesado para que subsane la falta en un plazo de:Quince días, con indicación de que, si no lo hiciera, se archivará la solicitud sin más trámite.Diez días, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.Un mes, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.Diez días, con indicación de que, si no lo hiciera, se producirá la caducidad del procedimiento.
Las declaraciones responsables y las comunicaciones permiten el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad:Desde que la Administración verifique la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos.Desde que se notifique al interesado la toma de razón por el órgano competente.Una vez transcurrido un mes desde su presentación sin oposición expresa de la Administración.Desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección.
En el trámite de audiencia, los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo:No inferior a diez días ni superior a quince.De diez días hábiles, ampliable a quince a petición del interesado.No inferior a cinco días ni superior a diez.No inferior a quince días ni superior a un mes.
Formulado el desistimiento por el interesado, la Administración lo aceptará de plano y declarará concluso el procedimiento, salvo que:Terceros interesados personados insten su continuación en el plazo de un mes desde la presentación del escrito.El desistimiento se presente después de concluido el trámite de audiencia.El órgano instructor haya formulado ya la propuesta de resolución del procedimiento.Terceros interesados personados insten su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados.
En un procedimiento iniciado a solicitud del interesado y paralizado por causa imputable a este, la Administración le advertirá de que se producirá la caducidad si transcurren:Un mes.Tres meses.Diez días.Seis meses.
Un interesado presenta un escrito en el registro electrónico un domingo para cumplir un plazo fijado en días hábiles. Salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil, la presentación se entenderá realizada:A las cero horas del día natural siguiente, sea o no hábil.En la primera hora del primer día hábil siguiente.En la última hora del último día hábil anterior a la presentación.En la fecha y hora efectivas de la presentación, porque el registro electrónico funciona todos los días del año.
Un interesado no cumplimenta en plazo un trámite y la Administración puede declararlo decaído en su derecho a ese trámite. Conforme al artículo 73.3 de la Ley 39/2015, su actuación tardía se admitirá y producirá efectos legales si se produce:Antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo, siempre que justifique la causa del retraso.En cualquier momento anterior a la resolución que ponga fin al procedimiento.Únicamente si la Administración no ha dictado todavía la propuesta de resolución.
Según el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, los procedimientos de naturaleza sancionadora:Podrán iniciarse a solicitud del propio interesado cuando la infracción se califique como leve en la norma reguladora.Se iniciarán siempre de oficio y separarán la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos.Se iniciarán de oficio, pero la instrucción y la resolución pueden encomendarse al mismo órgano.Podrán iniciarse a solicitud del denunciante, que adquiere así la condición de interesado.
Cuando el infractor persiste de forma continuada en la comisión de hechos tipificados como infracción, el artículo 63.3 de la Ley 39/2015 dispone que no se podrán iniciar nuevos procedimientos sancionadores por esos hechos:Hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción de la infracción inicialmente imputada.En tanto no se haya notificado al inculpado el acuerdo de iniciación del primer procedimiento.En tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.Mientras no se haya dictado la propuesta de resolución en el primer procedimiento.
Si el interesado no efectúa alegaciones en plazo sobre el contenido del acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador, ese acuerdo:Producirá la caducidad del procedimiento por inactividad del interesado.Obligará al instructor a formular un pliego de cargos antes de dictar la propuesta de resolución.Podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.Se convertirá automáticamente en resolución sancionadora firme, sin necesidad de ningún trámite posterior ni de nueva notificación al interesado.
Cuando, al dictar el acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador, no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos, esa calificación:Se aplazará a la resolución final que ponga fin al procedimiento, sin que deba comunicarse antes a los interesados.Deberá efectuarse en todo caso en el propio acuerdo, que de lo contrario será nulo de pleno derecho.Podrá realizarse en una fase posterior mediante un pliego de cargos, que deberá notificarse a los interesados.Exigirá abrir un período de información previa y archivar el acuerdo de iniciación ya dictado.
En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes:Harán prueba salvo que el interesado acredite lo contrario en el período de prueba.Tendrán valor de simple indicio, que el instructor apreciará con los criterios de la Ley de Enjuiciamiento Civil.Solo vincularán a la Administración si el inculpado los reconoce expresamente en sus alegaciones.Vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.