AGE · Gestión A2

III.1 · 1. Políticas de modernización de la Administración General del Estado. La Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La Agenda Digital para España. La calidad de los servicios públicos y de atención al ciudadano. Mejora Regulatoria y Análisis de Impacto Normativo.

Preguntas y explicaciones del epígrafe seleccionado.

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De conformidad a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones podrán declarar como fuentes abiertas las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma, cuando:Se derive una mayor agilidad en la prestación de los servicios y se suscriban los oportunos convenios entre las Administraciones Públicas.Se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información.Se derive una contraprestación por parte de las personas que lo soliciten.Se derive el pago de una cuota por parte del usuario de las mismas.
De acuerdo con el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, señale la correcta:Los Ministros dispondrán lo necesario para que los órganos del departamento y los organismos vinculados o dependientes de él elaboren su correspondiente carta de servicios y para que lleven a cabo su actualización periódica.Los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado podrán elaborar cartas relativas al conjunto de los servicios que gestionan y cartas que tengan por objeto un servicio específico.Las cartas de servicios son documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado informan únicamente a sus unidades administrativas de los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación.Las cartas se actualizarán periódicamente en función de las circunstancias y, en cualquier caso, al menos cada año.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN), ¿qué debe incluir, al menos, la memoria abreviada de análisis de impacto normativo?Anexo con todas las aportaciones recibidas analizadas con detalle.Listado de las normas que quedan derogadas.Identificación de las personas que han trabajado en la elaboración de la norma.Previsión de fechas de su futura aprobación.
¿A qué eje de España Digital 2026 pertenece la medida "Atracción de talento nacional e internacional"?España, Hub Audiovisual.Transformación digital de la empresa y emprendimiento digital.Competencias digitales.Economía del dato e inteligencia artificial.
De acuerdo con la definición contenida en el artículo 38 de la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en ejercicio de sus competencias es:Un portal de internet.Una carpeta ciudadana.Una sede electrónica.Un código seguro de verificación.
Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta en materia de registros:Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración deberán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General donde se deberá anotar la salida de los documentos oficiales provenientes de otros órganos o particulares.Las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como hábiles.Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.
Según el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas, en relación con sus sistemas de identificación:Podrán hacer pública la relación de certificados electrónicos utilizados, incluyendo las características de los sellos electrónicos y los prestadores que los expiden.Podrán identificarse mediante el uso de un certificado electrónico reconocido o cualificado.Deberán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en una firma electrónica reconocida o cualificada que reúna los requisitos exigidos por la legislación de certificado electrónico.Podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
De acuerdo con la Ley 40/2015, la sede electrónica se define como:Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y a la sede electrónica correspondiente.El sistema de identificación mediante sello electrónico utilizado para identificarse ante las Administraciones Públicas.Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública.
Conforme al artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:Allanarse en el procedimiento.Interponer querellas.Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.Participar en actos administrativos.
Conforme a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se define la sede electrónica como:Un punto de acceso electrónico con código seguro de verificación vinculado a la Administración General del Estado.Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada.La actuación administrativa automatizada de cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública.
¿Para cuál de las siguientes actuaciones requerirán las Administraciones Públicas a los interesados el uso obligatorio de firma, en los términos del artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?Interponer acciones.Formular denuncias.Presentar comunicaciones.Desistir de derechos.
Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones deben ser:Autónomos.Digitalizables.Accesibles.Interoperables.